LA COMUNIDAD INDÍGENA KAWÉSQAR RESIDENTE EN PUERTO EDÉN SOBRE LOS LAMENTABLES SUCESOS DE CURACAUTÍN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Puerto Edén, 3 de agosto de 2020. Los sucesos de Curacautín, que llevaron a que un grupo de personas atacaran a comuneros mapuche que se encontraban en la toma de las dependencias del municipio de esa localidad, ha exigido de nuestra comunidad un pronunciamiento.
1. La violencia no puede ser la herramienta para resolver un problema político. La República de Chile ha sido una experiencia que ha cumplido más de doscientos años de exterminio físico y cultural de los pueblos originarios que habitan el territorio. Hoy el Estado chileno ha optado por incrementar su represión ante la demanda de autonomía territorial del pueblo mapuche. La violencia debe terminar y, para ello, se requiere conducción política y no policial ni militar. Está en mano de los políticos chilenos demostrar que pueden solucionar problemas difíciles y no simplemente aplastarlos con la bota castrense o azuzando a guardias pardas contra los pueblos originarios.
2. La cuestión indígena es un tema de la forma del Estado. Los pueblos originarios que habitamos este territorio hemos demandado del Estado chileno nuestra autonomía territorial. Sin embargo, no ha existido ni la imaginación ni el interés de sus políticos de imaginarse un Estado con una estructura de autonomías que recoja las demandas de nuestros pueblos. Ha persistido una forma de Estado castellano, centralista, anticuado, ineficiente y que sólo reparte prebendas a su clientela. Los tiempos actuales exigen imaginación, no violencia.
3. Las políticas indígenas de Chile deben disponer de instrumentos eficaces. Desde la dictación de la Ley Indígena y la política del Nuevo Trato, se han sucedido eventos de desconocimiento de los derechos de nuestros pueblos, eventos que han sido propiciados desde la más alta magistratura, pasando por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Se requiere una profunda revisión de los instrumentos de política indígena, de manera que estos poderes se adecúen, de buena fe, al derecho que les es exigible, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio N° 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Todos estos no son instrumentos programáticos, son directamente exigibles al Estado, en todos sus poderes, y el Estado no puede seguir haciéndose el desentendido de ellos o hacer una interpretación mañosa de sus disposiciones.
4. Hay que llegar a un entendimiento por los prisioneros de la causa mapuche. La cuestión del pueblo mapuche requiere entender de parte del Estado chileno que él ha sido parte de la situación que hoy vivimos. El Estado es el órgano político y jurídico de la República; corresponde a él abrir vías de solución no beligerantes. Hay que resolver ahora la situación de los prisioneros de la causa mapuche y, en especial, la del machi Celestino Córdova. El Estado chileno no puede actuar como un ente vengativo, sino como un instrumento de la justicia, lo que es cosa muy distinta.
5. Se necesitan personas valientes e imaginativas para solucionar la cuestión indígena en Chile. De lo contrario se apoderarán de los problemas quienes no busquen soluciones sino sólo se aprovechen de ella para propósitos oscuros que se nos harán pronto inmanejables.
