Declaración Pública por Consulta Indígena Ley 19.253 emitida por el Gobierno de Chile
Luego de analizada la convocatoria a consulta indígena emitida por el Gobierno de Chile, la Comunidad Indígena Kawésqar Residente en Puerto Edén expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. Tal como se encuentra convocada, esa consulta indígena está dirigida sólo a cumplir un mero trámite en el objetivo del Gobierno de Chile de poner en el mercado y para beneficio privado las tierras de nuestros antepasados, nuestros pueblos y comunidades. Esta iniciativa se orienta a consolidar el último gran expolio de nuestras tierras y territorios.
2. La reglamentación de la consulta indígena en Chile no se orienta a obtener un acuerdo entre el Gobierno y los pueblos y comunidades afectados por este tipo de iniciativas. Esto se agrava cuando lo que se consulta es la relación con la tierra y los territorios, algo tan sensible para los pueblos originarios. En este punto es necesario recordar lo que establece el Convenio N° 169 de la OIT: “… los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”
3. La iniciativa del Gobierno de Chile introduce la lógica especulativa en los negocios que se hagan sobre nuestras tierras. Desconoce en lo sustancial, por lo tanto, aquella relación cultural y espiritual de quienes ocupamos o utilizamos nuestras tierras y territorios. Cree el Gobierno que poner nuestras tierras en el mercado resolverá problemas profundos que tienen que ver, no solo con la propiedad de la tierra, sino con nuestra autodeterminación en nuestros territorios, incluyendo en nuestro caso, nuestra relación con el mar y sus ecosistemas.
4. Nada propone en este último aspecto. Nuestros territorios ancestrales continúan siendo amenazados, por una parte, por la desidia del mismo Gobierno de Chile como, por la otra, por la codicia comercial e industrial. En el caso de nuestra comunidad, que reside efectivamente en un área silvestre protegida, luego de diez años de disponer de la información para ello, el Gobierno de Chile ha sido incapaz de aprobar y menos implementar el plan de manejo del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, bordeando peligrosamente el abandono de sus funciones.
5. Por el contrario, la iniciativa del Gobierno de Chile erosiona nuestra relación con nuestro territorio ancestral, al instalar dentro de nuestras comunidades intereses individuales ajenos a nuestras comunidades, amenazando con ello con dividirlas, hacerlas entrar en conflictos internos y externos y, así, hacerlas desaparecer de los territorios codiciados por intereses ajenos, incluso extranjeros, que ven en estos territorios promesas para sus propios e inconfesables negocios en una época marcada por el cambio climático y la búsqueda de nuevos espacios para esos mismos negocios e industrias.
6. Por ello, rechazamos esta consulta indígena, por ser carente de buena fe, no estar motivada a lograr un acuerdo sobre bases suficientemente informadas y ser, en definitiva, sólo un mecanismo para ratificar la voluntad del Gobierno de Chile de rematar su interés por expoliar nuestras tierras y territorios.
